Hoy revisamos las políticas de inclusión educativa de
nuestro país, tales como la Ley de subvención especial preferencial, el
Programa de Educación Intercultural y la Política de Educación Especial, las
cuales no serían suficientemente inclusivas como se pretende.
La ley de subvención especial preferencial tiene un dejo de
orientación al resultado, por ejemplo, la prueba SIMCE, la cual no es un
indicador confiable, y además solo existe en función precisamente de esta
subvención, lo cual es peligroso para la inclusión a la que se debiese
propender. Los casos que salgan de la norma o del promedio esperado no serán
atendidos y se intentará homogeneizar lo más posible los procesos de los
estudiantes, pasando a llevar también la diversidad. Por otra parte existe el
Programa de Educación Intercultural, a través del cual se intenta tomar en
cuenta a los pueblos indígenas y su cultura, pero existen inconvenientes, por
ejemplo, la distancia enorme entre las escuelas y las comunidades indígenas, y
el hecho de que continúe intentando integrar sus realidades a la mirada del
estado chileno sobre educación, enfocándose también en el SIMCE y no en lo que
el programa propone para la inclusión. También están las Políticas de Educación
Especial, que se centran más que nada en temas financieros y económicos de la
educación antes del cómo propendemos a la inclusión.
Por lo que se puede concluir, que estos programas son
espurios al no apuntar al verdadero problema y solo enfocarse en lo accesorio,
generando aún más inequidad y exclusión tanto a nivel de estrato social, etnia
o cultura. El problema es también el cómo logramos equilibrar la situación
entre la necesidad de financiamiento y la real atención que le ponemos a la
diversidad e inclusión. Ese es el desafío actual ante estos programas o nuevos
que puedan venir a futuro.
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